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¿Es el estado una carga y cuán debe ser?

Muchos piensan que cobrar por un servicio es 'vivir' de quien lo paga. El problema radica en qué se quiere decir con 'vivir'.

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Leyendo mi TL de Twitter me encuentro con una conversación sobre si el estado debe vivir del pueblo y no este del estado. Una respuesta me llama la atención, la cual indicaba que el estado no debe ser un parásito de la gente. Si bien esto es cierto también indica una falencia en la comprensión de las funciones del estado y lo que significa ser parásito.

Cobrar por un servicio es fundamental en una sociedad libre y abierta al capitalismo. Ningún trabajo se crea espontáneamente sino que requiere cierta energía para llevarlo a la práctica. Así, el resultado de un trabajo o servicio es la transformación de otro trabajo o servicio y esto implica un costo por las energías empleadas.

Todo servicio tiene un costo y nada es gratis.
(Keith Syvinski)


En cambio, un parásito es un espécimen que vive de su hospedero sin aportar nada, consume sus energías hasta agotarlas y cuando esto ocurre va en busca de otro hospedero. El parásito nunca paga por lo que consume y no contribuye en nada. Un ejemplo de espécimen parásito es la Tiña, una planta que se cuelga de árboles, concreto y hasta cables eléctricos de alta tensión.

La Tillandsia Recurvata o Tiña es una planta parásita.
Investigaciones recientes muestran sus propiedades medicinales.
(Marcelo Alves)




Si queremos que el estado preste sus servicios básicos de seguridad, justicia y obras públicas de infraestructuras es obvio que eso tiene un costo. Como planificador y ejecutor de estas funciones debe invertir grandes sumas de dinero para ponerlas en prácticas y este dinero tiene que salir de algún lado. Hay dos formas en que el estado puede obtener fondos. Una es mediante los impuestos y otra mediante el cobro por estos servicios o, lo que comúnmente se llama, tasas.

El impuesto es el tributo que cobra el estado como órgano que ostenta el poder público y, como tal, una carga obligatoria. El cobro de impuesto pudiera tener tres razones:
  1. Obtener fondos, que es la forma más directa para costear los gastos del estado.
  2. Usarlo como medio de disuasión, como en los casos en que se quiere disminuir el consumo de algún bien (tabaco, licor, etc) y/o establecer sanciones a la importación/exportación de algún bien en particular (aranceles a la importación no deseadas desde ciertas naciones) como medio de presión; y
  3. Como fuente de información del nivel de operaciones comerciales en un área en particular para efectos de políticas públicas.

Por otro lado, la tasa es un precio que establece el estado por un servicio que presta. A diferencia del impuesto la tasa no es obligatoria ya que existe la posibilidad de no hacer uso de ese servicio. Es decir, la tasa costea el servicio usado y nada tiene que ver con el impuesto que el estado aplica. Un ejemplo de tasa es el cobro en los peajes, limpieza y mantenimiento de calles y drenajes, operaciones de registro civil y comercial, registro de patentes, industria y comercio, uso de aduanas, estampilla, etc.

Ya definido lo que es el impuesto y la tasa ahora pasemos a qué nivel deben aplicarse. El impuesto es algo obligatorio, pero tiene que haber un límite de impuestos que el estado aplica. No se le puede dar al estado el poder absoluto para aplicarlos a diestra y siniestra. Los impuestos deben tener un límite. Así, hay impuestos justos -los que el estado necesita para poder funcionar- e impuestos injustos -aquellos que no tienen razón de ser y resultan perjudiciales para la población.

Entre los impuestos injustos están el impuesto sobre la renta o ISRL. En el Movimiento Civil Conservador creemos que este impuesto debe ser abolido, ya que resulta contraproducente cobrar por el enriquecimiento lícito propio de un sistema capitalista y libre mercado. La persona o institución privada a quienes se les cobra este impuesto no quiere perder el fruto de su arduo trabajo y tiene reponerlo de algún lado. Y quienes pagan por sus bienes o servicios es de donde sale esta reposición. Por supuesto, esto encarece los costos que el cliente siempre termina asumiendo. He aquí una fuente de la inflación.

El impuesto a las ganancias, rentas o lucro es un impuesto injusto.
(foto tn.com.ar)


Otro impuesto injusto son los aranceles de importación y exportación, los cuales encarecen los bienes y servicios o materias primas y perjudican la competitividad. También lo son los impuestos a los bienes, capital, producción, patrimonios, herencias, sucesiones y donaciones. En el Movimiento Civil Conservador creemos que estos impuestos también son injustos y todos deben ser abolidos.

En cuanto a los impuestos justos está el impuesto a las ventas o impuestos al valor agregado (IVA). Es una forma que tiene el estado de saber la salud de la economía y el nivel en que se desempeña producto de sus políticas públicas. Por ejemplo, unas políticas públicas de seguridad y lucha contra la delincuencia tiene directa influencia en el comercio y la venta de bienes y servicios, porque la gente podrá andar en las calles sin miedo a que la asalten y le roben su dinero. Así, los comerciantes querrán abrir sus negocios y la gente paseará y comprará en esos centros comerciales porque se sienten seguros. Más comercio implica más efectivos policiales que protejan la propiedad privada.

Sea en vehículos o montada a caballo, la seguridad y patrullaje es una función
del estado cuyo costo se paga con impuestos. (Foto Antonio Jiménez Alonso)


Otro impuesto justo es a las transacciones comerciales. Este impuesto es otra forma de ver la salud del comercio y, por ende, de las políticas públicas aplicadas. Las grandes cantidades de dinero producto de compras al mayor, materias primas, maquinarias y equipos de producción o la venta y/o alquiler de inmuebles residenciales, comercio e industria son consecuencias de correctas políticas públicas en materia de infraestructuras o vigilancia policial en esas zonas.


Pero surge la pregunta: ¿cuánto debe ser el impuesto a cobrar? Depende de varios factores. Por un lado está las perspectivas que tienen la población de qué clase de desarrollo desean para su municipio; y por otro lado de lo competentes que sean la clase política y el gobierno local al definir sus leyes y aplicar sus políticas públicas. La gran ventaja de un sistema genuinamente federal -municipios político y administrativamente autónomos- radica en que un municipio tendrá que competir con el municipio de al lado en materia de políticas públicas para atraer el comercio, la industria y el urbanismo. ¿Por qué? Porque sus fondos provienen de allí mismo y no de un poder centralizado.

Esto nos trae a la pregunta de cuánto debe ser el impuesto a cobrar. Existe, pues, un equilibrio entre la cantidad a cobrar por los impuestos y tasas y la calidad de servicios públicos prestados en los municipios.

Entonces ¿es el estado una carga? La respuesta es un rotundo ¡sí! mientras existan leyes que pongan un límite a los impuestos a cobrar y se defina en una constitución el tamaño del estado, cuáles son sus funciones y el alcance de estas. Cualquier ser humano tiene una carga que asumir, tal como vestirse, asearse, mantener su salud, comer, mantener su familia, etc. ¿Es el estado un "parásito" con políticas así? ¡No! en absoluto, porque cumple sus funciones y lo que cobra para costearse tiene un valor justo. ¿Es malo que el estado viva de los ciudadanos? ¡No! mientras se sigan aplicando políticas públicas correctas y el estado sea limitado.

Un estado limitado en funciones y alcance es una carga que la sociedad está dispuesta a asumir
mientras los impuestos aplicados sean justos. (MCC)


Así, un estado limitado con pocas instituciones y funcionarios públicos muy bien pagados requiere pocos recursos y con un solo impuesto (IVA y transacciones comerciales) sería suficiente. ¿Quieren una mayor recaudación sin aumentar los impuestos ni gastos? Pues apliquen las mejores políticas para atraer el comercio. ¡Así de simple! La población estará de acuerdo en asumirlo como una carga deseable, porque se ocupa de lo que debe ocuparse mientras ella se preocupa solo en sus asuntos civiles.

Entonces, ¡la solución es limitar al estado! para que desaparezca la burocracia, se ahorre dinero de los contribuyentes y exista fondos para pagar muy bien a los empleados públicos que sí son necesarios. Esto no es una carga sino una necesidad, para que la sociedad tenga libertad de desarrollarse y dedicarse a lo suyo mientras que el estado se dedica a sus funciones básica de seguridad, justicia y obras públicas de infraestructuras.






César Martínez es miembro fundador del Movimiento Civil Conservador y autor de la Constitución Republicana, el texto fundamental para la refundación de Venezuela.
Twitter: @cesmarram



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